Cacareo y opacidad

* Bienvenida BMW, ¿pero a qué costo?
* Las pistas de las viudas
* Como desfile de salutación

EL ANUNCIO DE LA LLEGADA DE UNA INVERSIÓN COMO LA DE BMW a San Luis Potosí siempre será una buena noticia, pero no por ello se deben echar las campanas al vuelo, cual si se tratara de la solución a todos los problemas laborales y económicos del estado, sobre todo cuando se tiene el precedente de la llegada de la General Motors con los mismos bombos y platillos.

Comenzaba el 2007 con los anuncios de los grandes beneficios que llegarían junto con GM, entre los que se destacaba no sólo la presunta generación de dos mil 400 empleos directos, sino la de más de 50 mil empleos indirectos.

¿Cuántos potosinos pueden decir hoy que la llegada de GM les cambió la vida? ¿Qué señales hay en la vida cotidiana de los potosinos que les hagan sentir el cambio socio económico generalizado que provocó la planta automotriz en los últimos siete años?

Sus efectos más bien están circunscritos a sectores específicos, aunque los costos de su arribo, hasta donde se alcanzó a saber, involucraron una cifra cercana a los mil millones de pesos (70 millones de dólares) que, esos sí, fueron tomados del erario, con todo lo que ello haya implicado en la priorización de las necesidades sociales del momento que tuvieron que discriminarse.

La controversia de una inversión de esos niveles no está en si resulta benéfica o no su llegada, porque la bienvenida se da por descontada. Lo controvertido está en la forma en que se atrae la inversión, con un manejo discrecional de los recursos públicos que puede favorecer a grandes capitales extranjeros, aun con el sacrificio de la población local.

No sólo se trata del destino del erario, sino también de las condiciones que se exigen para la clase trabajadora local, que suele ofertarse como mano de obra calificada y barata, al grado de que se llegó a pedir a GM no ofrecer salarios decorosos porque el resto de los obreros tendría la tentación de exigir ingresos dignos. Otro tanto ocurre con las condiciones de trabajo.

Se merma la aplicación de recursos públicos y se renuncia a la defensa de la dignidad y los derechos laborales para los de casa, en favor de quien viene a abatir sus costos de producción. Y peor aún: a los de casa se les niega el derecho a conocer con claridad los compromisos que hay atrás de la atracción de una inversión que se presenta tan benéfica.

EL DÉFICIT DE INFORMACIÓN ES UNA CARACTERÍSTICA que han adoptado las inversiones como la de GM y ahora la de BMW. La sociedad, como presunta beneficiaria de la instalación de tales plantas, sólo tiene algunas referencias de lo que les costó, como contribuyentes, porque las autoridades prefieren mantener ocultos los compromisos que hicieron con las trasnacionales.

Pero como en toda competencia, la lucha por la promoción industrial también deja “viudas” en el camino que se convierten en fuente reveladora de los primeros indicios de los costos ocultos.

En 2007 fueron las autoridades de Coahuila las que revelaron que perdieron la instalación de GM en ese estado porque ofrecieron incentivos por 40 millones de dólares que no podían competir con los 70 millones de dólares ofrecidos por el gobierno potosino.

El gobierno de Marcelo de los Santos siempre evitó revelar sus compromisos, al grado de que prefirió descobijar información sobre GM.

Hoy que se anuncia a San Luis Potosí como el destino de BMW, tocó el papel de viuda al gobierno de Querétaro que, ante las demandas de apoyos por parte de la compañía alemana, según afirmación de Marcelo López, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), prefirieron desistir de su intento de llevar la planta a esa entidad.

“La empresa BMW solicita a los estados finalistas un monto cercano a los 3 mil millones de pesos en servicios, infraestructura carretera, capacitación de personal, incentivos y la donación de predios”, afirmó el funcionario queretano.

De un gobierno como el de Marcelo de los Santos, donde se gastaba lo que se tuviera que gastar, tales exigencias eran lo de menos. En un gobierno como el de Fernando Toranzo, en el que siempre hay insuficiencias para gastar, tendría que considerarse un reto mayor, sobre todo si la cifra es casi cuatro veces mayor que aquella.

Si con Marcelo de los Santos las exigencias de transparencia estuvieron justificadas por su característica de botarate, en el caso del régimen torancista, con sus permanentes lamentos de insuficiencia presupuestal, la exigencia se vuelve mayor en tanto que el sentido común indica que tales requerimientos implican necesariamente mayores sacrificios.

¿Cuánto, de dónde y para qué saldrán los recursos estatales para garantizar la instalación de BMW en la entidad? ¿Cuánto provendrá del gobierno federal? ¿Incurrirá el gobierno torancista, que se define como “una administración pública abierta y transparente”, en los mismos ocultamientos que su antecesor con el caso GM o marcará una diferencia?

EL CACAREO HA COMENZADO y no está exento de razón. Se trata de una inversión que supera el monto de lo que apenas hace dos semanas el gobierno estatal comenzó a presumir como lo invertido en obras y acciones en los últimos cuatro años y medio.

Sí, la instalación de BMW contempla una inversión de mil 300 millones de dólares (más de 16 mil millones de pesos) cuyo cacareo viene a palidecer la campaña triunfalistas de gastos en obras y acciones por más de 14 mil millones de pesos en cuatro años y medio en los que se contó con 140 mil millones de pesos como presupuesto estatal.

Ya la lista de funcionarios y políticos de los tres poderes, de partidos políticos, líderes sindicales y hasta empresarios congratulándose por la llegada de BMW aparece en los medios como desfile de salutación de los viejos informes de gobierno.

El cacareo de obras y acciones ha muerto… ¡viva el nuevo cacareo!, con tal entusiasmo y escándalo que, por favor, nadie recuerde que este gobierno se ha erigido como “una administración pública abierta y transparente”, ni se pregunte sobre la llegada de BMW ¿a cambio de qué?

Ciudadanía ignorada

* Lista la normatividad electoral
* Las reglas desde los partidos
* La CEGAIP y las hijas de papi

LAS REGLAS PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL 2015 quedarán definidas este domingo, luego de que en sesión del Congreso del Estado se apruebe una nueva Ley Electoral y se expida la Ley de Justicia Electoral que contemple el sistema de medios de impugnación en la materia.

Se trata de dos nuevas leyes que surgen de un largo trayecto de presuntas consultas ciudadanas en cada una de las regiones del estado.

A pesar de que en su exposición de motivos se afirme que se tomó en cuanta “los foros, mesas de trabajo, conferencias, propuestas ciudadanas, y el análisis que el propio Congreso del Estado convocó”, el extenso documento no da cuenta de ello, sino de lo contrario.

De acuerdo con el apartado de considerandos, para la definición final de las reglas electorales se tomaron en cuenta 22 iniciativas, de las cuales sólo en dos se dio la participación de la ciudadanía y ambas aparecen en el listado de las propuestas que fueron desechadas.

La iniciativa presentada por presentada por Jorge Arturo Reyes Sosa, y Sergio Ernesto García Basauri es la única que se menciona con autoría exclusiva de ciudadanos. No se menciona el tema de la propuesta, simplemente se le desecha porque los postulantes no acreditaron su personalidad.

“Los promoventes no demostraron, mediante documentos, ser ciudadanos mexicanos, y en lo especial, ser ciudadanos del Estado (…) De igual manera, tampoco demostraron ser mayores de
dieciocho años y contar con un modo honesto de vivir”, son los contundentes argumentos para desechar su iniciativa.

La otra iniciativa con participación ciudadana fue promovida por los diputados, José Francisco Martínez Ibarra y Filemón Hilario Flores; y en su carácter de ciudadanos por José Ricardo Gallardo Cardona, José Alfredo Guadalupe Zamora Marín, Pedro de Jesús Olvera Vázquez y León Felipe Cantú.

Esta propuesta pretendía reorganizar territorialmente los 15 distritos, de tal manera que en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez se considerara la posibilidad de que se incluyeran dos de esas demarcaciones.

Salvo esas dos propuestas con presencia ciudadana, ninguna de las otras que se dictaminarán cuentan con ese elemento y no se incluye una relatoría o resumen que dé cuenta de las presentadas durante las sesiones de los foros de consulta que se dieron en cada región del estado. Las otras cuatro iniciativas rechazadas fueron promovidas por diputados.

Ni siquiera hubo una alusión al desplegado que el lunes 23 de junio publicaron varias organizaciones en el que señalan que en tiempo y forma presentaron sus propuestas, como una clara muestra de que para definir las reglas del juego electoral, la ciudadanía poco cuenta.

LAS DIECIOCHO PROPUESTAS ACEPTADAS en torno a la Ley Electoral corresponden en su totalidad a iniciativas originadas en los partidos políticos y su representación en el Congreso del Estado: de diputados panistas cinco iniciativas; de priístas, cuatro; de perredistas, tres; del petista, tres; y de los del verde ecologista y el movimiento ciudadano, una de cada uno.

La madre de todas las iniciativas fue la restante, presentada por los diputados Fernando Pérez Espinosa, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, Jorge Alejandro Vera Noyola, Juan José Jover Navarro, Alfonso Díaz de León Guillén, Jaén Castilla Jonguitud, José Francisco Martínez Ibarra, y Juan Pablo Escobar Martínez.

Las seis propuestas que definen la Ley de Justicia Electoral fueron presentadas por los diputados: de PRI, PAN y PT una por cada uno, dos del PRD y una con participación de todos los partidos representados en el Congreso.

Algo así como unas reglas pactadas entre los jugadores de siempre en una negociación en la que la ciudadanía, el elemento principal en el juego electoral, tiene limitada su posible participación como un jugador más porque sólo se le ve como el botín a disputar, primero por lo que representa en votos, después por lo que reditúa en todo tipo de contribuciones e impuestos.

Por supuesto que afirmarán y llenarán su discurso con la afirmación de que se tomó en cuenta a los potosinos, para lo que incorporaron en la exposición de motivos del decreto que este domingo seguramente aprobarán, una pequeña cuota de palabras que utilizarán como coartada a su evasión de tomar en cuenta a la ciudadanía.

“Esta Soberanía ha tomado en cuenta para la expedición de la nueva Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, los foros, mesas de trabajo, conferencias, propuestas ciudadanas, y el análisis que el propio Congreso del Estado convocó al respecto, a las que concurrieron especialistas, legisladores, grupos parlamentarios y partidos políticos; agrupaciones políticas, y ciudadanos en general”.

Así queda certificada por ellos la participación ciudadana, mas en todo el documento no es posible encontrar elemento alguno que acredite tal afirmación, sino todo lo contrario.

LA ELECCIÓN DE QUIEN PRESIDIRÁ LA CEGAIP por los próximos dos años ha quedado en un duelo entre los “papis” con capacidad e influencia para conseguir un buen puesto a sus hijas, más lo que ellas mismas puedan aportar con la aplicación de las lecciones de sus progenitores, en lo que lleva algo de ventaja Yolanda Camacho, quien últimamente ha hecho valer su posición de comisionada para promoverse.

El Congreso del Estado necesariamente tiene que nombrar a un presidente de entre las tres opciones disponibles en una decisión en la que, lamentablemente, declarar desierto el cargo –que sería lo más prudente ante los tres perfiles en juego– no es opción.

En el juego de los recomendados, la disputa en torno a las “hijas de papi” podría favorecer a Oscar Alejandro Mendoza como tercero en discordia, pero no como mejor opción. Así de desastroso ha quedado el panorama del órgano garante del derecho de acceso a la información pública en el estado.

¿Peor imposible?

* Cero y van seis
* Un Legislativo que abdica
* Beneficio de la duda, los déficits

CUANDO SE PIENSA QUE ALGO YA NO PUEDE SALIR PEOR los resultados suelen empeñarse en demostrar lo contrario. Si en cinco ocasiones los responsables de nombrar a uno de los integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública habían mostrado las formas en que no debe hacerse ese nombramiento, la esperanza era que esta vez se evitara, en lo posible, ese error.

Con María de la Luz Islas en 2008 y Alfonso Serment Gómez en 2010, quienes los nombraron atendieron a los intereses panistas de su momento. Tan fue así, que Islas no concluyó su periodo para irse a la campaña de Alejandro Zapata por la alcaldía, y como presidente de la CEGAIP Serment reconoció atender peticiones del mismo Zapata con un “a nadie se le niega un favor”.

El daño que a una institución como la CEGAIP le provocan los sesgos partidistas de personajes como Serment especialmente, puesto al servicio del poderoso en turno para mantenerse dentro del presupuesto público, está más que acreditado: la CEGAIP quedó convertida en el peor órgano garante del derecho de acceso a la información pública en el país.

El nombramiento de Gerardina Ortiz Macías, en 2009, quedó marcado por el más abierto tufo de nepotismo porque su principal cualidad que la llevó al cargo fue tener una hermana casada con el diputado Adolfo Micalco, líder de la bancada priísta. En la evaluación que entonces se hacía a los participantes era la peor calificada, pero aquello eran documentos de mero trámite.

A los intereses partidistas y familiares hasta entonces sobresalientes, en 2012 les sobresalió otro que, sin haber estado ausente, en esa ocasión destacó: desplazar a un funcionario a modo para contar con protección al momento de negar información.

Fue así que de la Secretaría de Finanzas salió Oscar Alejandro Mendoza García, quien aun como comisionado actuaba como subordinado del titular de esa dependencia.

El año pasado se estrenó una modalidad más en los requisitos informales (por no llamarlo tráfico de intereses, influencias y demás) para alcanzar el nombramiento: las influencias del padre de la seleccionada, en esa ocasión, fortalecidas a través de un tío con cercanía a las altas esferas del palacio de gobierno.

Probado lo dañino de todas esas rutas en contra de una institución cuya decadencia en sí misma representa un llamado para su rescate, se abría la esperanza de que los tomadores de la decisión en esta ocasión, por el más mínimo respeto a las instituciones, evitarían incurrir en todas esas faltas y pudieran considerar al menos peor de los 17 candidatos participantes.

LOS MILAGROS NO OCURREN, y si los resultados se empeñan en demostrar que siempre es posible que las cosas salgan peor, es porque las instituciones hace tiempo que dejaron de estar integradas por personas que las respeten y que se asuman como sus verdaderos representantes, con todo lo que ello implica.

Los milagros no ocurren y no se evitaron los errores del pasado. Se confirmaron con una ligera variante: se nombró a la hija del eterno compañero del gobernador.

Al Poder Legislativo, como uno de los integrantes de la trilogía de contrapesos en un régimen que se asume democrático, no se le puede negar institucionalmente esa razón de ser. Pero quienes hoy lo integran son incapaces de hacer respetar esa condición ante el Ejecutivo, a quien voluntariamente y a cambio de prebendas se someten.

La consulta que menos de 24 horas antes hicieron un grupo de diputados en el despacho del secretario de gobierno para saber a quién debían nombrar como integrante de la CEGAIP, sólo viene a confirmar y reafirmar lo que hace tiempo es sabido: no existen legisladores.

En lugar de verdaderos diputados, el Congreso del Estado está integrado por unos personajes incapaces de asumirse como tales, pero que, como monos de feria, están dispuestos ponerse el traje que les ordenen a cambio de sus bananas favoritas.

Si algo exhibió la decisión que, relacionada con el tema de transparencia, tomó el Congreso del Estado es que las instituciones están integradas por sus peores enemigos.

Someter una decisión del Poder Legislativo a una consulta con un funcionario del Ejecutivo podría no ser lesivo para la institución si quedara en el terreno de una opinión más. Pero que de esa consulta se obtenga una respuesta que constituye una instrucción que cumplen a pie juntillas, es eliminar a uno de los tres poderes.

Que se señale la sumisión de los diputados al Ejecutivo no es una agresión al Poder Legislativo, es un llamado a que se rescate la dignidad de una institución cuyos integrantes, en todo caso, hacia donde deben voltear para consultar sus decisiones es hacia el pueblo que representan y que es quien paga sus salarios. No porque el erario lo administre el Ejecutivo, él es su patrón.

Que ocurra ese sometimiento elimina al Poder Legislativo y con ello hace innecesarias convocatorias, postulaciones, entrevistas, planes de trabajo, evaluaciones y dictámenes para un nombramiento como el que se acaba de dar para la CEGAIP.

El más grave daño al Poder Legislativo, expuesto una vez más este jueves con el nombramiento para la CEGAIP, es que muestra que el Congreso del Estado bien podría dejar de existir y no pasaría nada, sólo se perdería a un organismo simulador que bien podría ser sustituido por una oficialía de partes dependiente del Ejecutivo.

CLAUDIA ELIZABETH ÁVALOS CEDILLO podría ser considerada la menos culpable de haber llegado a un cargo para el que no representaba el mejor perfil entre los aspirantes. Pero si bien no tiene la culpa el indio, tampoco está exento del respeto a las instituciones. No era la mejor opción, por lo que está más obligada a demostrar lo contrario.

Es la sexta persona a la que se le nombra comisionada de la CEGAIP en circunstancias que poco han atendido a la necesidad de garantizar de la mejor manera el derecho de acceso a la información pública. Tras ella hay cinco casos para quienes el beneficio de la duda nada representó y sólo confirmaron que poco había que esperar de ellos.

El beneficio de la duda que se le pudiera otorgar ya cuenta con el gran déficit de ser una imposición a contentillo del Ejecutivo, pero en su caso específico hay un déficit adicional: es su segunda participación en el proceso de selección y sus cartas de presentación dejan mucho que desear.

“Resulta innegable la actividad jurisdiccional que lleva a cabo la CEGAIP, en tanto que dentro de sus facultades están las de dar trámite y resolver los recursos que interpongan las personas que hubiesen solicitado información a las entidades públicas; así como el conocer y resolver las quejas que se interpongan en ejercicio de la acción de protección de datos personales”.

La expresión corresponde a la exposición de motivos que para ser comisionada presentó en 2013 Ávalos Cedillo. Si un problema que enfrentan quienes ejercen el derecho de acceso a la información pública es la excesiva judicialización de lo que debería ser un proceso lo más simplificado posible para resultar oportuno, la expectativa que ofrece la nueva comisionada corre en sentido contrario.

“Estimo imprescindible capacitar a los funcionarios involucrados en la resolución de los conflictos que con competencia de la CEGAIP, en asignaturas tales como redacción, argumentación jurídica y técnicas para la elaboración de resoluciones; asimismo, en cuestiones relativas a desarrollo organizacional y humano”, repitió ahora en su plan de trabajo.

El panorama que abre es de una mayor burocratización de un derecho cuya principal característica debe ser la oportunidad, que se traduce en que se atiendan de manera expedita los requerimientos de información.

Que el plan de trabajo que presentó para su segunda participación en el proceso de selección para llegar a la CEGAIP sea un refrito del que presentó hace un año es un indicador de la poca importancia que le da a mantenerse actualizada en el derecho que gestionara y cuya materia es de las más dinámicas y cambiantes: la información.

Son déficits con los que llega a asumir un cargo para el que la CEGAIP necesitaba un milagro y, ante la demostración de que siempre hay formas de hacer las cosas peor, sólo queda pensar que se tocó fondo, lo que resulta la perspectiva más optimista. 

Foto-multa inconstitucional

* Va por cien mil pesos diarios
* Enmienda oficiosa de plana
* La bondad del descuento

LA URGENCIA DE RECURSOS ha llevado al ayuntamiento que encabeza Mario García Valdez a incurrir en la inverosímil actitud de pasar por encima de la ley y poner sus esperanzas de ingresos por 20 millones de pesos en las multas electrónicas a los automovilistas que circulen a exceso de velocidad en las principales avenidas.

En sesión de Cabildo del pasado 28 de mayo, se discutió una adecuación presupuestal que finalmente aprobaron y que hizo pasar el presupuesto 2014 de dos mil 41 millones 275 mil 90 pesos a 2 mil 400 millones 478 mil 301 pesos.

Como un punto de la discusión, la regidora Gabriela Meade Pons destacó el monto que en las últimas 13 quincenas del año, es decir seis meses y medio, pretende captar el ayuntamiento como ingresos por las inconstitucionales foto-multas.

“En el impuesto sobre patrimonio, que básicamente es el ingreso por las multas electrónicas, se están considerando 20 millones de pesos, ya con la certeza de que van a ingresar al ayuntamiento cuando tampoco se tiene una proyección clara de cuánto pudiera ser”, expresó en la sesión la regidora Meade Pons.

La inconstitucionalidad de la foto-multa ha sido analizada ampliamente por el abogado Jorge Chessal en su Blog “Meditaciones Jurídicas”, en el que, tras reproducir una serie de disposiciones legales y constitucionales que la medida de García Valdez viola, presenta la siguiente conclusión:

“Hay entonces una violación al artículo 115 fracción II de la Constitución General de la República, lo que posibilita la impugnación de las “foto-multas” con altísimas posibilidades de éxito.

“Supongo que el Ayuntamiento de San Luis Potosí S.L.P. no fue debidamente informado de estas cuestiones cuando aprobó el Reglamento de Tránsito. Alguien no hizo la tarea”, advierte.

Y SI ALGUIEN NO HIZO LA TAREA, ya surgió el comedido que se adelanta a tratar de corregir acciones consumadas, como la modificación al reglamento de tránsito que desde hace diez días incurre en las violaciones señaladas por Chessal.

Se trata de una iniciativa presentada por el regidor Marco Antonio Zavala Galeana ante el Congreso del Estado, mediante la que busca que se modifiquen tres artículos de la Ley de Transporte del Estado y se la agreguen dos más.

En su acto oficioso, que encubre la soberbia de un ayuntamiento que no reconoce las ilegalidades en que incurre con su afán por obtener 20 millones de pesos adicionales en su presupuesto, Zavala Galeana recurre a los argumentos que oficialmente se han dado para justificar la multa electrónica.

“Dicho mecanismo, lejos de tener fines recaudatorios busca en primer lugar, generar conciencia entre los conductores de vehículos automotores para respetar los límites de velocidad y con ello disminuir la cantidad de accidentes de tránsito que diariamente ocasionan cuantiosas pérdidas económicas y lamentablemente la pérdida de vidas humanas”, dice en su exposición de motivos.

No obstante, no presenta ninguna cifra o estadística que de una idea real de las cuantiosas pérdidas económicas y la lamentable pérdida de vidas humanas que justifican una medida nada recaudatoria, a pesar de que con ella se pretende extraer de los bolsillos de los automovilistas capitalinos exclusivamente un millón 538 mil 46i pesos cada quincena. ¡Más de cien mil pesos diarios!

Lo que tampoco explica con claridad Zavala Galeana es la forma en que la foto-multa permitirá monitorear “de manera permanente la ciudad, se busca dar garantías y transparencia a la aplicación de infracciones para aquellos conductores que incumplan con lo establecido en la presente ley así como al reglamento de tránsito municipal”.

Este jueves ingresa formalmente la iniciativa al Congreso del Estado y se turna a comisiones para su análisis y dictamen. A iniciar el proceso para tapar el pozo después de los primeros diez días y después de más de un millón de pesos presuntamente recaudado conforme a la expectativa. ¿Cuánto más se acumulará de recaudación ilegal?

BONDADOSAS AUN EN LA ILEGALIDAD, las autoridades municipales anunciaron que si la foto multa se paga en los primeros diez días, el infractor obtendrá un descuento del 50 por ciento en el monto de la infracción.

Solamente a quienes paguen dentro de los 10 primeros días después de emitida la multa por exceso de velocidad se les respetará el descuento, es la advertencia de tan bondadosa disposición.

Entre la emisión de la multa y la llegada de la boleta al domicilio del propietario del vehículo habrán de pasar varios días, sobre todo si se toma en cuenta que serán oficinas burocráticas las que dispongan la distribución de las papeletas.

El fotoinfractor habrá perdido algún tiempo para la posibilidad de, si no recurre al amparo, pagar con descuento su multa.

Y si la meta no recaudatoria de acumular 20 millones de pesos de ingresos por ese concepto comienza a verse lejana… ¿qué garantiza que esos diez días para el descuento no se consuman en el envío?

Asegunes de una multa inconstitucional.

Acostumbrada impunidad

* Impunidad mata indignación
* Los cuentos de cada año
* Interapas y la eficiencia

UNA DE LOS PRINCIPALES ALIADAS de administraciones públicas deficientes es la costumbre, que suele traducirse en una pérdida de la capacidad de asombro y, con ello, también de toda posibilidad de indignación ante el manejo irregular, desvíos incluidos, de los recursos públicos.

Cada año, los informes de las auditorías practicadas a las cuentas públicas de todas las dependencias en el estado son un catálogo manejos indebidos de cantidades inimaginables para la mayoría de los potosinos.

En una entidad en la que el propio INEGI estima que el 60 por ciento de la población (seis de cada diez potosinos) no cuenta con un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, los desvíos en que incurren los funcionarios con sueldos para varias canastas y comelitonas en restaurantes de lujo, representan verdaderas agresiones.

Mientras los que ganan bien hacen mal su trabajo al grado que, por ejemplo, sólo en los ayuntamientos las irregularidades pasaron de 995 millones de pesos en 2012 a más de mil 420 millones en 2013, los que apenas ganan tienen que contribuir cada vez más al erario, aunque no les alcance ni para comer.

Cada año, la revisión de las cuentas públicas se convierte en la confirmación de que llegue quien llegue a la administración pública, sea del partido que sea, la costumbre es que cometa irregularidades, y si se ve como si fueran poquitas, mejor.

Así, que de 34 mil millones ejercidos por el gobernador Fernando Toranzo sólo tenga observaciones no desahogadas por poco más de 18 millones de pesos lo hacen ver casi como un santo, aunque la cifra podría alcanzar para que muchos de los que no tienen suficiente para la canasta básica la pudieran comprar. 

Ni qué decir de los más de 390 millones de pesos malgastados por el ayuntamiento de Mario García Valdez.

El mayor problema de esa costumbre de manejos irregulares que eliminó la capacidad de indignación es justo esa falta de reacción: no hay castigo para los funcionarios que mal utilizan los recursos públicos… ni quien lo exija.

Tolerar una injusticia es provocar otra, y la mayor prueba está en que año con año las irregularidades se mantienen en los mismos niveles “y aumentando”, pero también “y ocultando”.

Parafraseando a Mafalda: No porque exista impunidad, los malos políticos se han ganado el derecho de hacer todo el daño que quieran.

EL INTERAPAS NACIÓ PARA EFICIENTAR el servicio de agua potable en la ciudad con su zona conurbada.

En tres lustros, el organismo pro eficiencia se convirtió prácticamente en el mismo ente burocrático que sustituyó y, para atender la misma necesidad, ahora recurre a un programa de mejora integral de la gestión (MIG) y otorga un contrato a una empresa privada.

“Las partes convienen en que el Costo Total del Programa, conforme a los términos y condiciones incluidas en el presente CPS (Contrato de Prestación de Servicios) y sus Anexos, asciende a $923’884,140.00”, establece la cláusula Décima Cuarta del contrato firmado el 12 de abril de 2012, con la aclaración de que no se incluye el IVA y es a precios de febrero de ese año.

La pretendida necesidad de comprar eficiencia a ese precio por parte del Interapas contrasta con la cifra que da la Auditoría Superior del Estado sobre el ejercicio del presupuesto durante el 2013, sobre el que sólo le hace 10 observaciones administrativas y le señala irregularidades en la aplicación del 1 por ciento de los recursos ejercidos.

Sí, no hay dependencia que se salve de tener un granito en el arroz, que por ser tan solo un granito no hay razón para la indignación porque es tan nada que realmente no asombra, así se trate de la nada despreciable cantidad de 4 millones 655 mil 511 pesos, que son las irregularidades que se le señalaron al Interapas.

Total, ya es costumbre. Qué tiene de malo que haya asignado obras por 2 millones 337 mil 575 pesos sin los procesos de licitación a los que estaba obligado, o que haya adquirido compromisos por 48 mil 340 pesos y al final haya terminado debiendo 386 mil 351 pesos. Son cantidades mínimas si se toma en cuenta que en el año se gastó 624 millones 720 mil 826 pesos.

Pero para un pueblo en el que seis de cada diez no tiene lo suficiente para comer bien, debe ser doloroso sacrificar un poco de sus escasos ingresos para pagar el recibo del agua para no quedarse sin el servicio y ver que aunque sea uno de cada cien pesos contribuidos, se malgastan y hacen una bolsa millonaria…

Es la historia de las cuentas públicas que, con muchas o poquitas irregularidades, ya no asombran, ya no indignan, ya son los acostumbrados cuentos anuales de impunidad.

Voracidad recaudatoria 

* “X tu lana, plaquea fuera”* Telmex para balancear cuentas* Deudores intocables

SI ALGO HA CARACTERIZADO A LAS AUTORIDADES en los últimos tiempos, es su afán por captar más recursos de los cautivos ciudadanos que, sea como impuestos, derechos o el concepto que le quieran poner –incluida la cuota de parquímetros–, de la forma que sea, tiene que desembolsar para engrosar la bolsa del erario… y el bolsillo de sus administradores.

Basta con ver la forma en que han aumentado no sólo algunos impuestos y derechos, sino el número de razones por las que hay que hacer alguna contribución a la hacienda pública, especialmente a la del ámbito municipal.

Sobre la mancha urbana se extiende, desde diciembre de 2008, una mancha adicional de color verde sobre los bordes de las banquetas, que amenaza con declarar próximamente que toda la ciudad es territorio de parquímetros.

Ahora en las principales avenidas también han aparecido letreros con la advertencia de que se trata de zona de la inconstitucional foto-multa, que no es más que otro esquema recaudatorio por el que el Ayuntamiento que encabeza Mario García Valdez pretende recaudar 20 millones de pesos en las últimas 28 semanas del año: más de 714 mil pesos a la semana.

No, no es una medida recaudatoria –¡que va! Es una autoridad benevolente que pide a sus representados, con quienes se tutea, un “X tu vida, no corras”. Un llamado a responder a la voracidad de las autoridades locales para responder con una medida de autodefensa: “X tu lana, plaquea fuera”.

LA VORACIDAD DE GARCÍA VALDEZ ha resultado más democrática que la de su antecesora. La expansión parquimetral y la foto-multa inconstitucional son un diente que muerde por igual a todos los poseedores de un vehículo.

En la administración de Victoria Labastida encontraron una veta de recaudación que apuntó directo al hombre más rico del mundo: “derechos y aprovechamientos por reparación, conservación y mantenimiento de calles, banquetas, guarniciones pavimentos y demás infraestructura urbana, derivados de la introducción, reparación o mantenimiento de la red de servicios; así como derechos por publicidad y anuncios”.

La infraestructura callejera de Telmex y sus teléfonos públicos no pueden aprovecharse de la vía pública sin que por ello la empresa pague derechos y aprovechamientos. El juicio que reclama 632 millones 950 mil 460 pesos sigue en curso, aunque se sabe que ya existe una resolución federal que sólo considera válido el cobro por publicidad y anuncios.

El ayuntamiento de García Valdez ha sido muy reservado en cuanto a informar sobre las gestiones que ha realizado para hacer efectivo el cobro de los recursos que desde hace más de un año se resolvieron a favor de municipio, y sólo se menciona la prolongación del juicio sin mayores explicaciones.

No obstante, si de hacer ver balanceadas sus cuentas de balance, el cobro sobre el que poca presión ha ejercido le ha resultado muy útil a García Valdez, y en su cuenta pública lo sigue incorporando como una cuenta por cobrar, cual si de un activo se tratara.

La Auditoría Superior del Estado, sin mayores repercusiones, se limitó a hacer una mención en su informe final de auditoría de que “el Municipio omitió señalar en notas a los estados financieros que su recuperación (de los más de 632 millones de pesos) depende de una resolución definitiva y firme por autoridad competente”.

COMO COBRADORES, LOS ACTUALES FUNCIONARIOS municipales difícilmente llegarían a ser tomados en cuenta para ser contratados por usureros de cuarta, pues mientras para la aplicación de infracciones de tránsito confían en foto-automatizaciones ilegales, para hacer válidas cuentas por cobrar con garantías inmobiliarias prácticamente no mueven un dedo.

El pasado mes de febrero se dio a conocer la lista de 80 mil 916 deudores del predial, cuyos pagos pendientes al Ayuntamiento sumaban al 31 de enero mil 663 millones 88 mil 47 pesos. Tales adeudos de los contribuyentes no aparecen en sus cuentas de balance, cual indicador de que García Valdez pocas intenciones tiene de realizar cobranza entre tanto deudor.

La recuperación de los adeudos por impuesto predial es uno más de los renglones en los que la administración de García Valdez, tan voraz para querer ingresos pero tan perezosa para obtenerlos, aparece más negligente que su antecesora.

Durante los tres años de la administración de Victoria Labastida, las acciones de cobranza lograron una recuperación de 139 millones 943 mil 233.96 pesos por impuesto predial, casi 3.89 millones de pesos mensuales.

De octubre de 2012 al pasado 17 de junio, el actual ayuntamiento ha logrado una recuperación de impuesto predial rezagado por 8 millones 617 mil 924 pesos, poco más de 420 mil pesos al mes.

Es decir, la capacidad de recuperación de la cartera vencida entre la actual administración municipal y la anterior puede ser descrita así: por cada peso que García Valdez es capaz de recuperar del predial, Labastida recuperaba 9.24 pesos.

O la voracidad recaudatoria de García Valdez es de capacidad limitada, o sus compromisos con los grandes deudores del ayuntamiento le pesan mucho.

Por el tamaño de la cartera vencida del predial y los montos recuperados por ambas administraciones, sólo una cosa es clara: los grandes deudores del impuesto predial son intocables.

Rehabilitaciones urgentes

* Las prioridades de los obreros

* Corresponder ante el predial

* Uno de cada cien, en la Ciudad Digital

LOS PRINCIPALES AFECTADOS por las pésimas condiciones en que se encuentra la zona industrial potosina son los obreros, en especial quienes tienen el segundo turno y comienzan su regreso a casa entre las diez y las 11 de la noche, pues son largos los trayectos que tienen que caminar para encontrar transporte.

Cualquiera que sea el tipo de trabajo que tengan, el trayecto de regreso a casa se vuelve de muy alto riesgo ante la falta de iluminación y una apropiada urbanización que les permita caminar sobre banquetas y no a borde de carreteras en tan mal estado que si no son víctimas de la delincuencia, corren el riesgo de serlo de atropellamiento por un vehículo que evite un bache.

Si la falta de iluminación los pone en riesgo en el tramo para salir de sus fábricas, cuando llegan a vías que podrían considerarse más seguras como la Avenida Industrias, se encuentran un problema más peligroso aún: la mayoría de las intersecciones de calles se convierten en cruces peligrosos. Son frecuentes los atropellamientos, sobre todo de ciclistas y motociclistas.

La mayoría de los trabajadores carece de automóvil, lo que convierte el problema de los baches en un asunto secundario ante lo riesgoso que les resulta caminar a oscuras. Para ellos la prioridad es muy clara.

Por ello, a los pocos que les ha tocado ver las cuadrillas del combate a los baches que ha dispuesto el ayuntamiento para esa zona como parte de la primera etapa de la presunta rehabilitación de la zona industrial les resulta una agresión adicional, al privilegiar el uso del automóvil a la seguridad de los peatones.

LA SEMANA PASADA EL GOBIERNO ESTATAL anunció como un hecho sin precedentes que se invertirán 47.5 millones de pesos en la rehabilitación de la zona industrial, lo que representa la mayor cantidad de recursos aplicados ahí.

Por parte del Ayuntamiento se habló de una aportación de cuatro millones de pesos, que habrán de serán utilizados en la primera de cuatro etapas, en los trabajos preliminares de bacheo de algunas avenidas y ejes. ¿Y la iluminación, Apá? Está contemplada para después, a fin de cuentas los obreros están acostumbrados a los riesgos de caminar a oscuras.

Si la seguridad vital de los obreros debiera ser uno de los principales motivos para que no se desatendiera la zona industrial, tratándose del territorio que concentra las actividades económicas que aportan la mayor parte de los recursos que las autoridades administran, en correspondencia debería ser de los sitios con mejor infraestructura urbana.

Habrá quien argumente que así como ahí hay empresas que pagan altas sumas en impuestos también hay grandes evasores. Seguramente, pero en el caso del ayuntamiento de San Luis Potosí la recaudación de impuesto predial, sin lo que pagan los predios de la zona industrial habría aumentado sólo un 12.5 por ciento entre 2010 y 2013, y no el 17.78 por ciento que alcanzó.

A PARTIR DE 2010, los contribuyentes de impuesto predial de la zona industrial comenzaron a incrementar considerablemente su pagos, al grado de que, de representar en aquel año el 4.45 por ciento de lo recaudado, pasaron en 2013 a ser el 8.73 por ciento. Al mes de mayo de este año, los predios de la zona industrial representan el 9.65 por ciento de la recaudación.

De 2010 a 2013, el impuesto predial ha representado prácticamente el mismo porcentaje del presupuesto municipal ejercido: 12.24 por ciento. En el caso de la recaudación por impuesto predial de la zona industrial en 2010 representó el 0.54 por ciento del presupuesto total del ayuntamiento. El año pasado prácticamente se duplicó. Fue el 1.06 por ciento.

Por impuesto predial, la zona industrial aportó al ayuntamiento 9 millones 699 mil 775 pesos en 2010; 11 millones 865 mil 999 en 2011; 13 millones 849 mil 236 en 2012; 22 millones 413 mil 558en 2013, y en los primeros cinco meses de este año 21 millones 691 mil 602 pesos.

El ayuntamiento que por donde realiza trabajos de bacheo coloca anuncios que afirman que “con tu predial estamos combatiendo los baches”, ha anunciado una aportación de sólo cuatro millones de pesos a la rehabilitación de la zona industrial, donde más que bacheo urge una buena iluminación y señalización electrónica (léase semáforos), antes que foto multas.

UNO DE CADA TRES POTOSINOS (33.5 por ciento) que habitan ciudades con más de cien mil habitantes dice que ha tenido al menos una interacción con el Gobiernoa través de medios electrónicos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra bien podría ser un indicador de que se avanza en eso de la Ciudad Digital, de no ser porque de la totalidad de quienes han tenido interacción por medios electrónicos con el gobierno, tres de cada cuatro (76.99 por ciento) se han limitado a consultar información sobre las dependencias en los sitios Web de las mismas.

Una proporción similar (75.74 por ciento) han aprovechado la visita a los sitios web para conseguir información que les permita planear o decidir alguna actividad, y sólo uno de cada cuatro ha aprovechado esa plataforma para presentar en las cuentas del gobierno una queja, denuncia o comentarios.

En cambio en el aspecto que verdaderamente implicaría un avance en la Ciudad Digital, como es la realización de trámites, pagos o servicios por medio de Internet, sólo el 2.98 por ciento han tenido ese tipo de interacción con los gobiernos potosinos en ciudades de más de cien mil habitantes.

Es decir, sólo uno de cada 33 que han tenido contacto electrónico con el gobierno ha realizado un trámite. Y si se considera a la totalidad de la población mayor de 18 años, sólo uno de cada cien ha realizado trámites, pagos o servicios por medio de Internet. El apogeo de los gobiernos electrónicos con una Ciudad Digital.